La denominada “Marcha Federal de la Salud” reune a sectores sindicales, agrupaciones de izquierda y organizaciones sociales que rechazan las reformas impulsadas por la administración nacional.

La movilización surge en medio del proceso de reestructuración y control del gasto que lleva adelante la administración de Javier Milei en distintas áreas del Estado.

Entre los principales impulsores de la protesta aparecen la AMProS y la FESPROSA, organizaciones sindicales que cuestionan el ajuste en salud y denuncian una pérdida de recursos para hospitales y programas públicos.

Desde el oficialismo, sin embargo, aseguran que las críticas forman parte de una reacción de sectores acostumbrados a un modelo “desordenado y deficitario” que durante años funcionó con fuerte dependencia de Nación. “Argentina es un país federal y la salud depende de las provincias”, remarcan desde el Gobierno, insistiendo en que el Ministerio de Salud nacional no debe reemplazar las responsabilidades de cada jurisdicción.

La administración libertaria sostiene que actualmente conviven 24 sistemas de salud provinciales más el esquema nacional, y que el rol de Nación debe limitarse a coordinar políticas sanitarias, establecer estándares comunes y cumplir funciones estratégicas, como la compra de vacunas y programas específicos.

En ese contexto, el Ejecutivo defendió las medidas de ajuste y aseguró que no existe desfinanciamiento, sino un proceso de ordenamiento destinado a eliminar sobreprecios, intermediaciones y estructuras ineficientes. Según explicaron, las compras centralizadas y las licitaciones sin droguerías intermediarias permitieron alcanzar importantes ahorros para el Estado.

Además, cerca del Gobierno consideran que parte de la resistencia sindical responde a la pérdida de influencia de determinados sectores sobre áreas históricamente vinculadas al manejo de fondos públicos y estructuras administrativas del sistema sanitario.

“Se terminó la época donde Papá Ministerio de Salud se hacía cargo de todo”, señalaron desde Nación, marcando la intención de avanzar hacia un esquema con mayor responsabilidad provincial y menor intervención estatal centralizada.

La movilización expone nuevamente el enfrentamiento entre el modelo de reducción del gasto público y descentralización impulsado por el Gobierno y los sectores sindicales y políticos que rechazan las reformas y buscan mantener el esquema sanitario previo.