La administración nacional derogó el instrumento presupuestario que financiaba la gratuidad en pasajes de transporte para personas con discapacidad e infantes con cáncer. La determinación responde a lo que el Gobierno evalúa como carencia de sustento económico para mantener estas compensaciones.

Pese a la cancelación del fondo, el oficialismo reafirmó que el derecho a viajar sin costo sigue siendo válido y puede ser ejercido por los beneficiarios. No obstante, la falta de presupuesto asignado genera interrogantes respecto de cómo operará en la práctica este derecho.

Niños bajo tratamiento oncológico y personas certificadas con discapacidad constituyen los grupos afectados por esta medida. Estos colectivos históricamente utilizaban el beneficio como un alivio significativo en sus presupuestos familiares.

El Estado aseguró que las resoluciones administrativas que fundamentaban las compensaciones carecían de justificación fiscal adecuada. A partir de ahora, busca implementar mecanismos alternativos que logren sostener la gratuidad desde otros esquemas de financiamiento.

Transportistas que operan en sistemas urbanos e interurbanos también resultarán impactados, ya que históricamente recibían reembolsos del Estado por pasajes no cobrados. La falta de claridad sobre cómo se efectuarán futuras compensaciones genera incertidumbre en el sector.

Expertos en políticas públicas cuestionan la viabilidad de garantizar un derecho sin respaldo económico efectivo. Advierten que, sin presupuesto destinado, la exigibilidad del beneficio podría verse limitada en la práctica.

Diferentes ministerios trabajan en la elaboración de propuestas que permitan preservar la gratuidad mediante estructuras financieras distintas a la que fue cancelada. Se espera que estas alternativas sean comunicadas en los próximos días.

Imagen: Arturo Añez. / Pexels – Con informacion de La Nación