El intento del gobierno de desregular completamente la actividad de los prácticos en puertos nacionales terminó en un repliegue. Las medidas de fuerza que paralizaron totalmente las operaciones obligaron al Ejecutivo a abandonar su propósito y conformar una mesa de negociación como mecanismo alternativo.

El conflicto comenzó cuando la administración anunció su objetivo de eliminar las normas que regulan a los prácticos portuarios. La medida se inscribía en una estrategia más amplia de desregulación económica que buscaba generar competencia y reducir costos en el sector. Pero el gremio de prácticos tenía una evaluación distinta de los impactos.

La respuesta fue inmediata y contundente. El sector implementó medidas de fuerza que dejaron sin operaciones a los puertos principales, generando una parálisis que afectó directamente a la economía. La capacidad de los prácticos para detener actividades estratégicas se demostró como un poder de negociación real.

Frente a esta realidad, el gobierno tuvo que replantear su postura. Aunque formalmente reconoce esta situación como una «derrota», el Ejecutivo asegura haber obtenido concesiones importantes: los prácticos aceptaron reducir sus tarifas en un 20%. Este porcentaje de baja representa un avance en la dirección que buscaba la administración, aunque limitado respecto a sus aspiraciones originales.

Desde la perspectiva del sector de prácticos, el acuerdo también constituye un logro relativo. Evitaron la desregulación integral que los habría expuesto a una competencia sin regulaciones, pero debieron ceder en materia tarifaria como precio de esta victoria.

La conformación de una mesa de trabajo apunta a institucionalizar las futuras conversaciones entre el gobierno y los prácticos. Esta instancia busca evitar nuevos conflictos que paralicen puertos y representa un reconocimiento de que los cambios en sectores estratégicos requieren construcción de consensos y no imposición unilateral.

Imagen: Dominik Lückmann / Unsplash – Con informacion de Bichos del Campo