El Estado cuenta con los fondos necesarios para implementar obras que frenen las inundaciones, pero estos permanecen canalizados hacia el financiamiento del Tesoro en lugar de ejecutarse según su propósito legal. La brecha entre lo que la ley ordena y lo que efectivamente sucede evidencia una falta de decisión política para aplicar estos recursos donde corresponde.

La situación es clara desde el punto de vista presupuestario: los dineros existen, están disponibles y contabilizados. Lo que no existe es la determinación de convertirlos en infraestructura preventiva de desastres hídricos. El fondo especializado funciona más como un mecanismo de financiamiento general del Estado que como un instrumento destinado a proteger a poblaciones vulnerables.

Esta desviación de recursos ilustra un desajuste frecuente entre la norma y la práctica en la administración pública. Aunque legislativamente se estableció un fondo para contener inundaciones, administrativamente se prefiere destinarlo a otras necesidades del erario nacional, posponiendo indefinidamente las obras requeridas.

Las consecuencias se sienten en territorios propensos a eventos hídricos perjudiciales. Comunidades continúan expuestas a riesgos que podrían mitigarse con inversión en obras estructurales, mientras los fondos que deberían financiarlas cumplen funciones distintas. El desafío no es económico sino político: transformar la disponibilidad presupuestaria en compromiso efectivo de ejecución.

Imagen: Jakub Zerdzicki / Pexels – Con informacion de Clarín Rural