El Gobierno nacional señaló que el amarre del petrolero en Ushuaia contó con autorización provincial al tratarse de una zona bajo jurisdicción fueguina. La situación generó cuestionamientos sobre el accionar del Gobierno de Gustavo Melella frente a un tema sensible para la soberanía argentina.
La llegada del buque petrolero británico VS Promise al puerto de Ushuaia abrió una nueva polémica política en Tierra del Fuego, luego de que desde el Gobierno Nacional se aclarara que su ingreso había contado previamente con autorización de las autoridades provinciales.
El episodio volvió a poner en discusión el rol de la administración de Gustavo Melella frente a cuestiones vinculadas con la soberanía, especialmente por tratarse de una provincia estratégica por su ubicación, su vínculo con el Atlántico Sur y su cercanía con las Islas Malvinas.
El buque llegó después de operar en Tierra del Fuego
Según explicó el vocero presidencial, Adrián Ravier, el VS Promise no ingresó a Ushuaia directamente desde el Reino Unido ni desde una zona vinculada a una operación extranjera.
El petrolero había cargado petróleo crudo en la cuenca del puerto de Cullen, en el norte de Tierra del Fuego, y posteriormente se dirigió a Ushuaia para realizar tareas de aprovisionamiento.
Es decir, se trataba de un buque que venía de operar en territorio argentino y que había desarrollado previamente actividades en la propia provincia fueguina.
La autorización provincial quedó en el centro de la discusión
Uno de los principales puntos planteados por el Gobierno Nacional es que, antes de su llegada a Ushuaia, el buque debía contar con las autorizaciones correspondientes de las autoridades fueguinas.
Ravier explicó que la monoboya utilizada para las operaciones vinculadas con la carga de petróleo se encuentra bajo jurisdicción provincial, por lo que el ingreso del buque contó con el aval inicial de Tierra del Fuego.
La aclaración adquiere relevancia porque desde la administración provincial se habían realizado cuestionamientos públicos sobre la presencia del petrolero y su vinculación con intereses británicos.
La normativa fueguina y la Ley Gaucho Rivero
Desde Nación también remarcaron que la presencia del VS Promise no implica, según su interpretación, una violación de la normativa vigente.
La legislación provincial establece restricciones para buques asociados a Inglaterra cuando se encuentran realizando actividades vinculadas con la exploración o explotación de recursos naturales en la cuenca de Malvinas.
Sin embargo, el Gobierno Nacional sostiene que esa condición no se configura en este caso.
Ravier señaló que el artículo 2 de la denominada Ley Gaucho Rivero alcanza a aquellos buques relacionados con actividades de exploración o explotación de recursos naturales en la cuenca de Malvinas, situación que —según explicó— no corresponde al recorrido realizado por el VS Promise.
Nación cuestionó la lectura política del episodio
Desde el Gobierno Nacional buscaron diferenciar el hecho concreto de las interpretaciones políticas que surgieron alrededor de la llegada del petrolero.
La explicación oficial sostiene que el buque cargó petróleo en una cuenca ubicada dentro de Tierra del Fuego y luego ingresó a Ushuaia para aprovisionarse, sin desarrollar allí actividades de explotación de recursos en la cuenca de Malvinas.
Por ese motivo, Ravier aseguró que no existe una pérdida de soberanía ni una vulneración de las normas nacionales o provinciales aplicables.
Una contradicción que expone al Gobierno fueguino
El episodio genera además un contraste político para la administración de Gustavo Melella: mientras el Gobierno provincial cuestionó públicamente la presencia del buque británico, desde Nación remarcaron que las autoridades fueguinas habían intervenido previamente en el proceso que permitió su ingreso.
La discusión deja así planteada una pregunta central sobre la responsabilidad de cada jurisdicción: si el buque debía contar con autorización provincial para operar en una zona bajo jurisdicción fueguina, el propio Gobierno de Tierra del Fuego tuvo participación en la habilitación de su actividad.
Soberanía y control del Atlántico Sur
La controversia vuelve a colocar a Tierra del Fuego en el centro de una discusión estratégica para la Argentina. La provincia tiene una posición clave en el Atlántico Sur y constituye uno de los principales puntos de conexión del país con la Antártida y el área de influencia de las Islas Malvinas.
Para el Gobierno Nacional, defender la soberanía implica ejercer un control efectivo sobre el territorio y aplicar las normas existentes con claridad, evitando que cuestiones sensibles sean utilizadas para generar confusión política.
En ese marco, la administración nacional sostiene que no hubo ninguna cesión de soberanía ni autorización para que un buque extranjero realizara actividades prohibidas, sino una operación concreta que contó con las habilitaciones correspondientes y que, de acuerdo con la interpretación oficial, se desarrolló dentro del marco legal vigente.
El cruce político queda abierto
La polémica, sin embargo, expone nuevamente las diferencias entre Nación y Tierra del Fuego respecto de la política vinculada al Atlántico Sur.
Mientras el Gobierno Nacional sostiene que el ingreso del VS Promise fue legal y que contó con intervención provincial, desde el ámbito fueguino se instaló el cuestionamiento por la presencia de un buque vinculado a capitales británicos.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de combinar defensa de la soberanía, control efectivo de los recursos y reglas claras para cualquier embarcación que opere en una de las zonas más estratégicas del territorio argentino.
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